Lo que hace unos días todos celebrábamos y considerábamos como una buena noticia, hoy se torna en una enorme decepción. Me refiero al nuevo decreto que el gobierno ha aprobado hoy. Se trata, sin embargo, de una moratoria de desahucios para casos excepcionales que ya anunciaron los bancos la semana pasada. Ahora detallare lo que se considera como caso excepcional. Veamos, para que el banco no expulse a las familias, éstas tendrán que ingresar entre todos sus miembros menos de 19.000 euros anuales. Pero este no es el único requisito, como si el umbral ya fuese amplio, tendrán que cumplir con una de estas condiciones: ser familia numerosa (tres o más hijos) o monoparental con un hijo a cargo, tener un niño menor de tres años o un incapacitado o dependiente al cargo "siempre que no puedan trabajar". También pueden acogerse las familias en las que estén todos en paro y que ya no cobren la prestación o los casos de la violencia machista. Además de todo esto, el ministro De Guindos añade una más, que tengan "buena fe" y que las malas circunstancias "sean sobrevenidas". Esto es, que hayan dejado de pagar la hipoteca porque han perdido el empleo, provocando así su pobreza. Esto es todo, amigos, porque el ministro ya ha anunciado que para transformaciones más profundas en la ley hipotecaria se va a necesitar más tiempo y más negociaciones. ¿Dónde?, en el congreso, dice. Lo que yo digo es que las negociaciones más duras no serán en el Congreso, sino con los bancos, que para este parche de urgencia ha presionado para que las medidas no vayan más allá.
El decreto está lleno de paradojas en el cumplimiento de sus requisitos. Como que, pongamos por ejemplo, una familia con un niño de tres años puede acogerse al desplazamiento del desahucio, y que una familia con dos niños de cuatro se vaya a la calle.
En cualquier caso, solo se habla de moratoria, y nunca de dación en pago. A los bancos ya no solo no se conforman con quedarse con dinero público salido de nuestro bolsillo destinado a sus rescates.
